El operativo nacional moviliza a más de 6.400 técnicos operativos de campo, jefes municipales, jefes de área censal, jefes de brigada y empadronadores, quienes relevarán información de más de 900.000 Unidades de Producción Agropecuaria. Por primera vez, el levantamiento será 100% digital, mediante dispositivos móviles de captura.
Trinidad, Beni, 7 de octubre de 2026 (INE-CA).- Bolivia puso en marcha el Censo Agropecuario 2026 desde Trinidad, Beni, con el objetivo de actualizar, después de 13 años, la información sobre la realidad productiva del país. El operativo movilizará a más de 6.400 técnicos operativos de campo, jefes municipales, jefes de área censal, jefes de brigada y empadronadores, quienes relevarán información de aproximadamente un millón de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) en las 344 entidades territoriales autónomas subnacionales.
El inicio oficial se realizó en la plaza principal de Trinidad, en un acto encabezado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales; el gobernador del Beni, Jesús Égüez; el alcalde de Trinidad, Mauricio Barba Iriarte; y el director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Jorge Akamine Toledo.
El operativo, declarado prioridad nacional mediante el Decreto Supremo N.º 5658, representa además un cambio en la forma de producir estadísticas agropecuarias. Por primera vez en Bolivia, el levantamiento de información será 100% digital, sustituyendo los formularios en papel por dispositivos móviles de captura.
Más de 6.400 personas recorrerán el territorio
La ejecución del Censo Agropecuario también tendrá un impacto directo en las regiones donde se desarrollará el trabajo de campo, con la generación de más de 6.400 fuentes de empleo remunerado directo, de acuerdo con la planificación del operativo.
El equipo estará conformado por 4.850 empadronadores, 1.569 jefes de brigada y más de un millar de autoridades jurisdiccionales y municipales distribuidas en el territorio nacional.
Los empadronadores tendrán a su cargo la recolección de información, mientras que los jefes de brigada serán responsables de la supervisión y organización del trabajo de campo.
El INE había previsto cerca de 6.500 empleos temporales para las tareas de empadronamiento y supervisión.
El despliegue contempla 45 días continuos de barrido territorial. La primera fase comenzó en Santa Cruz y Beni, para posteriormente avanzar de manera escalonada hacia Chuquisaca, Tarija, Oruro, Pando, La Paz, Cochabamba y Potosí.
El objetivo es llegar a aproximadamente un millón de Unidades de Producción Agropecuaria y recoger información directamente en las comunidades y unidades productivas, con el propósito de conocer qué se produce, cómo se produce y cuáles son las características actuales del sector agropecuario.
Financiamiento y asistencia internacional
El financiamiento integral del Censo Agropecuario, en sus etapas precensal, censal y postcensal, corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementado con la asistencia técnica especializada de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La inversión destinada al proyecto se aproxima a los 39 millones de dólares.
El Censo Agropecuario permitirá actualizar las estadísticas sobre las Unidades de Producción Agropecuaria del país y generar información oficial para la planificación del desarrollo productivo, la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de la agricultura familiar y la formulación de políticas públicas.
El Decreto Supremo N.º 5658 establece que el INE es responsable de la planificación, organización, ejecución, procesamiento, análisis y difusión de los resultados del Censo Agropecuario.
Durante el acto inaugural, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales Burgos, remarcó la importancia del Censo Agropecuario para el equilibrio macroeconómico del país.
Por su parte, el director general ejecutivo del INE, Jorge Akamine, señaló que, una vez concluido el trabajo de campo, la institución procesará la información recolectada para presentar los resultados oficiales consolidados en un plazo de 14 meses.
Los datos resultantes constituirán la base estadística fundamental para orientar las inversiones y las políticas de desarrollo agropecuario del Estado durante los próximos 10 años.



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